El caso AMIA y el funcionamiento de la instituciones en la Argentina
El
juicio por encubrimiento expone la trama criminal que garantiza la impunidad
en nuestro país.
Por Luis Moreno Ocampo | 12/08/2015 | 10:48
El
juicio por la investigación de la AMIA expone delitos cometidos durante la
investigación de ese ataque terrorista pero también un problema que llega
hasta nuestros días y se proyecta al futuro: el funcionamiento ilegal de
nuestras instituciones. Hay dirigentes políticos que protegen criminales,
hay agentes de inteligencia que torturan en democracia, hay policías que se
dedican al delito y hay jueces y fiscales que forman parte de la trama
criminal que garantiza la impunidad.
Se está juzgando al ex
Presidente Menem por haber interferido en la investigación de la AMIA
bloqueando la investigación del ciudadano de origen sirio Kanoore Edul, que
era sospechoso pues había llamado una semana antes del atentado a Carlos
Telleldín que fue quien suministró la camioneta que portaba los explosivos.
El Comisario de la Policía Federal a cargo de la investigación está siendo
juzgado pues habría protegido a Kanoore Edul.
Se está juzgando a un
ex juez federal y dos ex fiscales federales por haber permitido esa y otras
graves irregularidades durante la investigación del atentado. La más
conocida es haber intervenido en el pago de 400 mil dólares para inducir la
declaración de Carlos Telleldín. Este pago seria parte de una maniobra para
desviar la investigación hacia un grupo de policías de la provincia de
Buenos Aires que hacían negocios de autos robados con Telleldín.
Hay
otra infracción aun más grave y menos discutida en los medios: los
funcionarios judiciales habrían convalidado la privación de libertad y el
tormento de César Fernández un amigo de Telleldín que supuestamente le
proveía vehículos robados. Los tormentos los habría realizado en 1995
personal de la SIDE bajo el mando de Horacio Stiuso. El ex jefe de la SIDE
reconoció que el organismo había realizado tareas de inteligencia en Entre
Ríos para localizar a César Fernández a través de “una fuente” de nombre
Manzanares y que le suministraron los datos al Comisario Salguero de la
policía de la Provincia de Buenos Aires que fue quien lo detuvo.
El
ex juez Galeano dejó constancia en la causa de una versión diferente del
episodio: afirmó haber recibido una llamada anónima informando que Cesar
Fernández estaba en Bella Vista y ordenó al Comisario Salguero que lo
detuviera. El comisario Salguero dió una tercera versión: testimonió que
Galeano le dijo que no podían blanquear la detención efectuada por la SIDE y
“que debía contactarse con un tal Jaime” (seudónimo utilizado por Stiuso).
Una cuarta versión la presentó el propio Fernández cuando prestó
declaración ante el juzgado de Galeano. Allí manifestó que su detención no
había ocurrido en Bella Vista. Que dos personas con armas de fuego lo habían
detenido en Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos mientras iba con un
conocido en un vehículo. Que los subieron a una camioneta, los esposaron y
les vendaron los ojos y que luego de unas 6 horas lo llevaron a un inmueble
donde lo interrogaron bajo torturas con relación a AMIA. Le colocaron bolsas
en la cabeza que le impedían respirar, le pegaron y le pasaron corriente
eléctrica por el cuerpo previamente mojado. Luego fue conducido por sus
secuestradores hasta otra camioneta y finalmente le quitaron las vendas en
la brigada de General Sarmiento.
Manzanares, la “fuente” mencionada
por Stiuso, también testimonió ante el juzgado del doctor Galeano pero su
declaración no quedó registrada en el expediente judicial. El ex
prosecretario del Juzgado, Claudio Lifschitz, reveló que Manzanares le
preguntó que era lo que tenia que decir pues le habían dicho que declarara
sin involucrar a la SIDE. Lifschitz imprimió dos declaraciones de
Manzanares, en una no mencionaba a la SIDE y en la otra se relataba la
participación de “Jaime” Stiuso en el operativo de detención y torturas.
Finalmente no se incorporaró ninguna declaración al expediente y en cambio
se dejó una constancia que Manzanares se presentó al juzgado para
interiorizarse sobre la situación de César Fernández.
A pesar
del rol protagónico de Stiuso durante este periodo inicial de la
investigación ni a él ni a sus subordinados se los ha procesado por los
tormentos. El ex juez y los ex fiscales acusados lograron
que el juez
entrerriano que investigaba la privación de libertad y las torturas se
declarara incompetente y luego proceedieron a archivar la investigación.
Más grave aun es que Stiuso continuó como responsable de la
investigación de la AMIA hasta el 2014. Y con gravísimo perjuicio para el
futuro de los argentinos Stiuso fue capaz de bloquear el ambicioso plan de
reformas impulsado por el presidente Kirchner y su ministro de Justicia
Gustavo Beliz.
En abril del 2004 el presidente Kirchner rodeado de su
gabinete en pleno, 21 de los 24 gobernadores, los titulares de la Cámara de
Diputados y del Senado, miembros de la Corte Suprema y los jefes de las
Fuerzas Armadas, anunció el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad
2004-2007 que aportaría las "respuestas sistémicas" al azote de la
inseguridad. Se creaba una Agencia Federal de Investigaciones y se
recortaban las atribuciones de la SIDE para operar en el territorio nacional
siguiendo el modelo estadounidense donde el FBI sujeto al control judicial
investiga dentro de las fronteras y la CIA opera en forma secreta en el
extranjero. Beliz ya había manifestado la intención de pedir la remoción de
algunos jueces federales como Bonadio y Oyarbide y avanzaba hacia un
desguace del fuero penal federal. Tres meses después Gustavo Beliz tuvo que
presentar su renuncia y el proyecto de reformas fue abandonado. Beliz hizo
publica la foto de Stiuso y dijo que manejaba la SIDE como si fuera la
Gestapo. Eso le costó un procesamiento penal que todavía no ha sido cerrado
y su exilio.
No hubo mas información publica sobre Stiuso hasta que
en Julio del 2013 uno de sus mas estrechos colaboradores, el “Lauchón”
Viale, sospechoso de estar involucrado en el narcotráfico, recibió once
balazos por parte de una brigada de la policía de la provincial de Buenos
Aires que había ido a arrestarlo. Un tribunal va a decidir sobre la
responsabilidad individual de los acusados por irregularidades en la
investigación de la AMIA, pero ¿quien va a modificar el sistema que
garantiza la impunidad de los poderosos en la Argentina? ¿quién va a
investigar los nuevos casos? ¿se va a saber como murió Nisman? ¿se puede
investigar con eficiencia el caso de la Efedrina y la supuesta participación
de Aníbal Fernández?
(*) Dicta el curso Toma de Decisiones en Casos
Internacionales, donde se discute el funcionamiento de las instituciones
argentinas y del mundo. Informes 0810-555-0202 / info@cloud21.org.