AMIA: se
acercan los 20 años y el Gobierno no sabe qué hacer
Walter Curia
Periodista
Timerman debe estar maldiciendo en secreto su suerte. Si las
milicias del autodenominado Estado Islámico hubieran desatado su
furia un año antes en la frontera entre Siria e Irak, tal vez el
acuerdo con Irán por la AMIA no parecería tan malo. Es verdad
que Teherán y Washington ya venían entendiéndose sobre el
control del plan nuclear iraní, pero lo que se insinúa hoy, una
alianza de Occidente con el régimen de los ayatollah para detener
la instauración de un califato en Oriente Medio, no se lo podía
imaginar ni en sueños.
Veamos si no lo que decía el canciller en una entrevista con Página
12 sobre la incomprensión en la Argentina en febrero último,
cuando el memorando ya hacía agua: El tiempo es algo difícil de
evaluar cuando se habla en términos de negociaciones
internacionales: ¿Cuántos acuerdos y cuánto tiempo llevan de
negociaciones israelíes y palestinos? ¡Hasta se entregaron
premios Nobel de la Paz porque algo no se termina de concretar!
Para peor, se había muerto Chávez, puente entre la izquierda
populista sudamericana y el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad y para
algunos, artífice del acuerdo de Addis Abeba de enero de 2013 (otros
creen que fue el acercamiento entre Irán y EE.UU. la ventana por
donde entró el pacto). Lo que termine por pasar en Venezuela sin
Chávez es un albur y Teherán, ya sin Ahmadinejad, ha emprendido
la vuelta a su fútil experiencia latinoamericanista. Las manos
vacías.
A 20 años del atentado que dejó 85 muertos, el Gobierno no sabe
qué hacer con la cuestión AMIA. La Presidenta dejó entrever eso
durante la apertura de sesiones del Congreso, el 1º de marzo,
cuando admitió que el acuerdo estaba siendo demorado por Irán.
Allí reveló además que había ofrecido a las autoridades de la
AMIA denunciar el acuerdo si le proponían una alternativa viable.
Y extendió esa misma invitación al Congreso, que había
convertido el pacto en ley un año antes.
El acuerdo tan malo no debe ser cuando Irán todavía no ha
cumplimentado su parte, dijo entonces la Presidenta. Para la
justicia argentina por el momento lo es. La Cámara de Casación
deberá pronunciarse sobre la declaración de inconstitucionalidad
del pacto con Irán dictada en mayo por la Sala I de la Cámara
Federal. Casación intervendrá después de que el Gobierno decidió
apelar el fallo surgido de una sala amiga en medio de todo tipo de
especulaciones. ¿No era ese fallo, como habían sido persuadidas
las entidades judías, lo que la Presidenta esperaba para derogar
el acuerdo? No. El Gobierno desconcertó y acusó a los jueces de
invadir facultades del Poder Ejecutivo y del Congreso.
¿Podría avanzar después de esto la Presidenta hacia una
denuncia del acuerdo? Difícil en lo inmediato. Sin embargo, se
sabe que el Gobierno ha dado el pacto por muerto. El diputado
Sergio Bergman (Pro) asegura que Timerman transmitió esa convicción
durante su reciente visita a Israel. Bergman dice que eso mismo
escuchó el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, de boca del
canciller, quien habría admitido que Irán al final sólo estaba
interesado en que se cayeran los pedidos de captura internacional
de sus funcionarios implicados en la causa. Schlosser no quiere
problemas: Ellos (por el Gobierno) nunca van a reconocer eso dice
Schlosser. Además, no necesito de Timerman para darme cuenta de
que en Irán dejaron caer el acuerdo cuando se confirmó que las
alertas de Interpol seguirían vigentes.
La Presidenta evalúa ahora qué camino tomar en el Congreso.
El titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, le
transmitió el pedido de los bloques de centroizquierda para que
se trate el proyecto de creación de una comisión investigadora.
La iniciativa es de Apemia, un sector de familiares de las víctimas
que lidera Laura Ginsberg. La expectativa en la agrupación sobre
el acompañamiento del Gobierno es más bien baja. Otros tres
proyectos de la oposición coinciden en una reforma del Código
Procesal Penal que incluya la figura del juicio en ausencia. La
idea fue muy cuestionada en ámbitos judiciales, pero es acompañada
por las entidades de la comunidad judía.
La agenda obliga a la Presidenta a otras urgencias. El
procesamiento del vicepresidente y la negociación con los fondos
buitre no ha dejado espacio para atender la cuestión del
aniversario de la AMIA. Como recuerdan los familiares, podría
llegar al 18 de julio por primera vez sin ninguna iniciativa y
expuesta a la rechifla. ¿Quién puede asegurar hoy que la
Presidenta asistirá a ese acto, de los más tristes del
calendario?
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